POZMVM: el ajuste al catastro que la consulta aún no garantiza

Por JP Ojeda

El POZMVM, el proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, entró a su cuarta semana de consulta con una contradicción a la vista. El domingo 18 de octubre, el Consejo de Desarrollo Metropolitano anunció que revisará los apartados que más miedo han causado, los del valor catastral y los predios baldíos. Este lunes 19, según publicó Reforma, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acusó tintes políticos en los cuestionamientos ciudadanos al programa. Las dos cosas no caben juntas: si las críticas eran pura política, no había nada que corregir; si había que corregir, las críticas tenían fondo.

La tesis de este análisis es que el ajuste anunciado es una concesión real, pero insuficiente si no viene acompañado de algo que el gobierno todavía no ofrece: un texto corregido que se pueda comparar línea por línea con el original y una respuesta pública a las observaciones de los vecinos. Mientras eso no exista, el discurso de la desinformación seguirá chocando con lo que dice el documento que está en consulta, y la confianza en el proceso seguirá cayendo.

Lo que confirmó el Consejo y lo que no dijo

De acuerdo con el comunicado difundido por la Jefatura de Gobierno, el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo, encabezado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y por el secretario capitalino de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, con representantes del Estado de México, Hidalgo y Morelos, acordó atender las preocupaciones ciudadanas “particularmente” en lo relativo al valor catastral y a las medidas sobre predios baldíos y subutilizados. Según informó El Universal, la revisión abarcará los capítulos 7, “Instrumentación”, y 8, “Gestión y Gobernanza”.

El detalle importa. Esos dos capítulos no son notas al pie: son la parte del programa que dice cómo se aplicaría todo lo demás. El mismo comunicado insiste en que el proyecto tiene “carácter orientador”, que no constituye una autorización directa y que la adopción de sus figuras corresponde a cada entidad. También habla de dar certeza a la población “ante el ambiente de desinformación”. Lo que no dice es si los instrumentos polémicos se eliminarán o solo se reescribirán, ni cuándo se conocerá la nueva versión. La consulta sigue abierta hasta el 22 de noviembre y, según declaró a Excélsior el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, José Alfonso Iracheta, se estima que la versión definitiva se publique en 2027.

El POZMVM dice más que “predialazo”

La discusión pública se ha concentrado en el predial, pero el documento va más allá. Según la revisión que publicó este lunes Animal Político, en la página 174 se plantea una fase posterior de actualización catastral para que los valores registrados “se asimilen a los valores del mercado inmobiliario”, con apoyo de nuevas tecnologías como vuelos de dron. En la página 175 aparece la “valorización del suelo” con tres instrumentos: por incremento de edificabilidad, por incorporación de suelo periférico y por cambio de uso de suelo. El propio texto propone que la zonificación “no sea una dádiva, sino un activo/recurso” al que se accede a cambio de retribuciones.

El mismo medio documenta otras dos piezas. La primera es un Fideicomiso Metropolitano en el que la federación y las cuatro entidades podrían acordar destinar una proporción de lo recaudado por predial a obras regionales. La segunda son los Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios, con declaratorias sobre predios baldíos o subutilizados en 19 alcaldías y municipios: el propietario tendría de dos a cuatro años para edificar y, si no lo hace, la propiedad podría ir a venta forzosa en subasta pública. El documento define como subutilizado, entre otros supuestos, un predio cuya construcción valga menos del 50 por ciento del valor del terreno. Ese criterio explica por qué vecinos de colonias con casas antiguas, como la Espartaco en Coyoacán, se sienten aludidos, según los testimonios recogidos en ese reportaje.

Del otro lado también hay datos confirmados. Iracheta sostuvo, según Animal Político, que la venta forzosa se apoya en el artículo 85 de la Ley General de Asentamientos Humanos, que se pagaría al dueño el 100 por ciento del valor de mercado y que se aplicaría en zonas industriales en desuso, no en viviendas particulares ni en barrios históricos. El problema es que esas garantías están en una conferencia de prensa, no en el texto. Metrópoli 360 ya explicó por qué la promesa de no subir el predial tiene que quedar por escrito en el Congreso; con la venta forzosa ocurre lo mismo.

La consulta, el verdadero punto débil

Si el contenido genera dudas, el procedimiento las multiplica. Proceso ha documentado tres foros con conflicto: el 6 de octubre, en el PILARES Carlos Monsiváis de Benito Juárez, vecinos denunciaron que simpatizantes de Morena y trabajadores del gobierno acapararon las intervenciones, y la protesta terminó en un bloqueo de Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Ermita; el 8 de octubre, en Xochimilco, hubo pancartas contra las “consultas a modo”; y el viernes 16, en Tláhuac, habitantes acusaron que se les negó la entrada al foro bajo el argumento de restricciones de Protección Civil, mientras la Secretaría de Metrópolis difundía fotos de un auditorio lleno.

La respuesta vecinal ya cambió de escala. Comisiones de Participación Comunitaria y organizaciones vecinales reúnen firmas para exigir la reposición total del proceso y de la consulta, con la meta de entregarlas a Brugada y a la Sedatu antes del 22 de noviembre, según Animal Político. Mario Rodríguez, presidente de la Fundación Colonia Roma, lo resumió así en ese reportaje: quieren que sus observaciones se respondan “fundado y motivado”. La Sedatu, por su parte, ya rechazó suspender la consulta: Iracheta dijo a Excélsior que hacerlo sería “contraproducente” porque cortaría el diálogo.

Aquí está el nudo. Una consulta no se legitima por el número de foros, sino por la capacidad de demostrar que lo dicho en ellos cambió el documento. Si el gobierno sostiene que la crítica es política y al mismo tiempo corrige justo lo que la crítica señaló, deja a la ciudadanía sin saber qué cuenta. Y el costo de esa ambigüedad lo paga el propio programa, que, según dijo Irazoque ante diputados locales en una reunión reportada por el Congreso capitalino, busca sustituir un instrumento vigente desde 1998.

Lo que está confirmado y lo que falta por confirmar

Confirmado: el Consejo acordó revisar los capítulos 7 y 8, en especial valor catastral y baldíos; la consulta cierra el 22 de noviembre; el texto en consulta sí contiene la asimilación a valores de mercado, el fideicomiso y la venta forzosa; Brugada declaró en su informe del 14 de octubre, según La Política Online, que el programa “jamás será pretexto para aumentar el predial o para afectar la propiedad privada”, y desde el 12 de octubre admitió, según Proceso, que esos temas “se deberían modificar”. El mismo semanario informó que el 13 de octubre la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, envió un oficio al Consejo para pedir cambios a la redacción sobre actualización catastral y una garantía expresa de respeto a la propiedad privada. También está confirmado que la oposición no está conforme: el PAN, según El Universal, pidió el retiro del proyecto por nueve puntos de riesgo y anunció amparos si se aprueba, y el PRI planteó 11 puntos por aclarar en la reunión con Metrópolis que reseñamos al informar que el Congreso de CDMX exige aclarar los alcances del plan.

Falta por confirmar: el contenido completo de lo que dijo Brugada este lunes, más allá de la acusación de tintes políticos que reportó Reforma; si los instrumentos se eliminarán o solo cambiará su redacción; si el gobierno capitalino ya entregó a la Sedatu las observaciones que anunció hace una semana, cuyo origen explicamos en los puntos del POZMVM que CDMX pide aclarar; si se publicarán relatorías completas de los foros, y cómo se responderá a las firmas vecinales. Ninguna de esas respuestas es pública todavía.

Lo que debería pasar antes del 22 de noviembre

La primera prueba es documental: publicar, antes de que cierre la consulta, una versión comparada de los capítulos 7 y 8 que muestre qué se quita, qué se reescribe y qué se queda. Sin ese texto, el anuncio del domingo es una intención. La segunda es procedimental: dar a conocer las relatorías de cada foro, con las intervenciones y las respuestas, para que la palabra “consulta” tenga contenido verificable. La tercera es política y le toca a Brugada: dejar de colocar la inconformidad en la cuenta de la oposición cuando su propio gobierno, y su propia bancada en el Congreso, ya pidieron cambios.

La Ciudad necesita un plan metropolitano. Agua, transporte, vivienda e inundaciones no respetan los límites entre alcaldías y municipios, y el propio comunicado del Consejo lo recuerda al invitar a opinar sobre esos temas. Pero un plan de ese alcance no se sostiene si buena parte de quienes viven en el territorio lo percibe como un catálogo de riesgos. El ajuste anunciado el domingo abrió una puerta; lo que pase con el texto en las próximas cinco semanas dirá si el gobierno la cruza o si la consulta termina como empezó, con más desconfianza que propuestas.