Ley de Cultura Cívica CDMX: más multas, pero ¿quién las aplica?

Por JP Ojeda

La reforma a la Ley de Cultura Cívica CDMX que envió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino trae dos mensajes que no siempre caminan juntos. Por un lado, sube con fuerza las multas y crea nuevas faltas; por otro, promete un modelo de justicia cívica “restaurativo”, con mediación y acuerdos entre vecinos. La tesis de este análisis es que la parte que más se comentará será el castigo, pero la que decidirá si la reforma funciona es la otra: quién va a aplicar las nuevas reglas, con qué criterios y con qué capacidad. Sin juzgados cívicos y centros de mediación que respondan, una ley más dura en el papel puede terminar aplicándose poco, tarde o de forma desigual.

Qué propone la reforma a la Ley de Cultura Cívica CDMX

Lo confirmado está en el texto de la iniciativa, que de acuerdo con El Universal fue entregada el miércoles al Congreso local. Según la nota de Omar Díaz en ese diario, las infracciones tipo A, que hoy se castigan con multas de una a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), pasarían a un rango de 11 a 40 UMA. Las tipo B irían de 11 a 40 UMA a entre 21 y 50, y las tipo C, de 21 a 30 UMA a entre 31 y 60. En las faltas que se sancionan con arresto, las tipo D y E pasarían de 20 a 36 horas a rangos de 25 a 36 y de 30 a 36 horas, respectivamente, mientras que las tipo F se mantendrían con arresto de 24 a 36 horas.

La Jornada, en la nota de Sandra Hernández García, calcula que el tope de 60 UMA equivale a unos 7 mil 38 pesos, y precisa que la propuesta contempla además arresto de hasta 36 horas, trabajo comunitario de hasta 18 horas y una “reparación simbólica”, que puede ser una disculpa pública, un compromiso de no repetición u otras acciones restaurativas. Para quien dañe estatuas, monumentos de valor histórico u otros bienes, la sanción iría de 20 a 50 UMA, unos 5 mil 865 pesos según el mismo diario, más la reparación económica y material del daño.

El catálogo de conductas también crece. De acuerdo con La Jornada, se sancionaría a quien ocupe asientos reservados en el Metro sin tener derecho a ellos, a quien agreda a personas que se expresan afecto en la vía pública, a quien niegue el acceso a un inmueble de uso público por la apariencia o por prejuicios, a quien venda pirotecnia sin autorización y a quien atienda al público bajo el efecto del alcohol o de drogas. El Universal agrega faltas contra la salud pública y el medio ambiente, como encender fogatas, contaminar el agua, fumar en espacios públicos concurridos y desperdiciar agua, además de infracciones relacionadas con el abandono y las peleas de animales. Metrópoli 360 ya publicó el detalle de las nuevas multas por faltas cívicas que plantea la iniciativa.

El salto que más pesa: la multa mínima

El cambio más fuerte no está en el tope, sino en el piso. Una falta tipo A, la categoría más leve, hoy puede costar desde una UMA; con la reforma, la multa más baja sería de 11 UMA. Si se toma la misma referencia que usa La Jornada para calcular los 60 UMA, eso equivale a alrededor de mil 290 pesos, una cantidad considerable para muchos hogares de la ciudad. En otras palabras, la reforma convierte la falta más pequeña en un golpe económico relevante, y ahí es donde la manera de aplicar la ley importa tanto como la ley misma.

La propia iniciativa reconoce ese riesgo. Según El Universal, el texto establece que los jueces cívicos considerarán las condiciones personales, sociales y económicas de la persona infractora al imponer la sanción, y La Jornada señala que en las faltas contra la salud pública las multas, el arresto y el trabajo comunitario se aplicarán conforme a la capacidad económica de quien las cometa. Es un candado razonable, pero también deja un amplio margen de decisión en cada juzgado. Lo que falta por conocer es con qué lineamientos se va a ejercer ese margen para que dos personas con la misma falta y condiciones parecidas reciban un trato parecido.

La apuesta restaurativa necesita estructura

La otra mitad de la reforma es la que el Gobierno capitalino presenta como su eje. De acuerdo con El Universal, la exposición de motivos sostiene que un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo reduce las cargas del sistema penal, disminuye los conflictos recurrentes y mejora la percepción de seguridad, y afirma que con la reforma la ciudad “elige anticiparse al conflicto, prevenir la violencia y reconstruir el tejido social desde la cercanía y la dignidad humana”. El mismo diario reporta que la iniciativa fomenta la justicia alternativa e itinerante.

El dato que el Gobierno usa para justificarlo, según La Jornada, es que en el año reciente se registraron 6 mil 871 conciliaciones en los juzgados cívicos. A partir de esa experiencia, la iniciativa propone crear mecanismos alternativos de solución de controversias, voluntarios y no jurisdiccionales, que se ofrecerían de forma presencial y virtual en los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios. Además, de acuerdo con la nota de Metrópoli 360 sobre la iniciativa, algunos casos con multas menores a 50 UMA podrían atenderse ante un juez cívico en lugar de enviarse directamente al Ministerio Público.

Aquí está el punto débil de la conversación pública. Las cifras de las multas son concretas; las de la estructura que debe sostener el modelo restaurativo, no. En la información difundida hasta ahora no aparecen cuántos centros de gestión de conflictos habrá, cuánto personal tendrán, con qué presupuesto operarán ni en qué plazo estarían funcionando en las 16 alcaldías. Tampoco está claro cómo se va a dar seguimiento a una disculpa pública o a un compromiso de no repetición. Sin esas respuestas, la mediación corre el riesgo de quedarse como intención, mientras la multa más alta sí entra en vigor desde el primer día.

Lo confirmado y lo que falta por confirmar

Está confirmado, por el texto de la iniciativa citado en La Jornada, El Universal y Reforma, que Brugada propone una reforma integral a la Ley de Cultura Cívica, que eleva los rangos de las multas, crea nuevas faltas y añade la reparación simbólica y los mecanismos alternativos de solución de controversias. También está confirmado que nada de esto está vigente: la propuesta debe dictaminarse y votarse en el Congreso de la Ciudad de México antes de aplicarse, y los montos podrían cambiar en ese proceso.

Falta por confirmar la redacción final de cada falta, en qué categoría quedará cada conducta, la fecha de entrada en vigor, el presupuesto para los juzgados cívicos y los centros de mediación, y los lineamientos para valorar la capacidad económica de cada persona. Falta también conocer la postura formal de las bancadas del Congreso capitalino, que en estas semanas tiene una agenda cargada con las propuestas del Ejecutivo local; ya explicamos qué sigue para las cuatro iniciativas de Brugada y los plazos que corren en las comisiones.

Qué debería resolver el Congreso

La discusión no debería reducirse a si las multas son altas o bajas. Una ley cívica funciona cuando la gente sabe qué está prohibido, cuando la autoridad actúa de manera parecida en Iztapalapa y en Benito Juárez y cuando la sanción llega con rapidez y sin abusos. Por eso, el dictamen tendría que acompañar el aumento de las multas con reglas claras para los policías que presentan a las personas ante el juez, criterios públicos para reducir sanciones por condición económica y metas medibles para la mediación, como cuántos conflictos se resuelven sin multa ni arresto y cuántos acuerdos se cumplen.

La ciudad ya vivió un debate parecido esta misma semana. En la discusión sobre vivienda, el problema no era la falta de un tope a las rentas, sino la falta de quién lo hiciera cumplir, como analizamos en Ley de Rentas CDMX: el tope ya existe; la pelea es cómo cumplirlo. Con la Ley de Cultura Cívica pasa algo similar: escribir sanciones más altas es la parte sencilla. Lo difícil es construir el sistema que las aplique con justicia y que, como promete la propia iniciativa, resuelva conflictos antes de que escalen.

Si el Congreso aprueba la reforma tal como llegó, la Ciudad de México tendrá multas cívicas más altas que las vigentes, con una promesa restaurativa todavía por construir. Si la corrige para amarrar presupuesto, criterios y metas, la reforma puede cumplir lo que dice su exposición de motivos. La diferencia entre un escenario y otro no estará en el tabulador de multas, sino en lo que pase en los juzgados cívicos el día que la ley entre en vigor.