Extorsión en la CDMX: la cifra que divide la glosa de seguridad

Por JP Ojeda

La extorsión en la CDMX se convirtió este jueves en la cifra que mejor resume la disputa sobre la seguridad capitalina. En la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ante el Congreso local, el gobierno presentó una baja de 8.6 por ciento en ese delito frente al año anterior, mientras la oposición sostuvo que las denuncias se duplicaron. La tesis de este análisis es sencilla: las dos afirmaciones pueden convivir porque miden periodos y cosas distintas, y mientras la Ciudad no publique una serie única y desglosada, el debate seguirá siendo una pelea de porcentajes y no una evaluación de resultados.

Lo que dijo el gobierno sobre la extorsión en la CDMX

De acuerdo con la cobertura de El Heraldo de México, Vázquez Camacho informó que entre octubre de 2024 y septiembre de este año fueron detenidas 424 personas por su probable participación en extorsión o en su tentativa. También dijo que, en el último año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió tres mil 14 reportes de extorsión telefónica y dio mil 699 orientaciones especializadas a víctimas. Con esos datos sostuvo que el delito bajó 8.6 por ciento respecto al año anterior y resumió su postura con una frase: la extorsión se enfrenta con denuncia, inteligencia, detenciones y unidad social.

El resto del balance oficial va en la misma dirección. Según el mismo reporte, el secretario habló de una baja cercana a 19 por ciento en los delitos de alto impacto desde 2024 y de más de 18 por ciento en homicidio doloso, que en agosto y septiembre habría tenido sus niveles más bajos en dos décadas. La Crónica de Hoy reportó que, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, la policía capturó a 806 personas identificadas como líderes de células, distribuidores de droga o extorsionadores, de las cuales 48 eran objetivos prioritarios.

Lo que respondió la oposición

La réplica llegó desde la tribuna. Según Excélsior, el diputado panista Mario Sánchez afirmó que el Segundo Informe omitió los “datos incómodos”: entre 2019 y 2025, dijo, las carpetas por violación crecieron casi 44 por ciento, las de acoso sexual 61 por ciento, las de violencia familiar 31 por ciento y las de extorsión se duplicaron. El mismo legislador señaló una inconsistencia en el propio informe, que según su lectura reporta 6 mil 700 detenidos por delitos de alto impacto en el texto principal y 5 mil 87 en el anexo.

Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, fue más allá. De acuerdo con Excélsior, dijo que la tasa de incidencia delictiva subió 25 por ciento en los últimos años, que la extorsión se duplicó en el último año y que las familias destinan una quinta parte de su salario a protegerse. Torres no detalló en tribuna, según las notas disponibles, de qué base estadística salen esas cifras. Por Morena, la diputada Yuriri Ayala defendió una reducción de 64 por ciento en delitos de alto impacto frente a 2019 y pidió que la seguridad no se use como “instrumento de golpeteo político”.

Por qué ambas cifras pueden ser ciertas a la vez

Aquí está el nudo. La baja de 8.6 por ciento que presentó el secretario compara un año contra el anterior. El aumento que citó el PAN compara 2019 con 2025, es decir, un periodo de seis años que incluye la pandemia y dos administraciones distintas. Un delito puede haber crecido mucho en el largo plazo y bajar un poco en los últimos doce meses sin que ninguna de las dos partes mienta. Lo que no puede ocurrir es que la extorsión se haya duplicado en el último año, como dijo Torres, y que al mismo tiempo haya bajado 8.6 por ciento en el mismo lapso, como dijo Vázquez Camacho. Esa contradicción concreta es la que el Congreso debería exigir aclarar con datos abiertos.

Hay además un problema de qué se cuenta. Los tres mil 14 reportes que mencionó la Secretaría son llamadas de extorsión telefónica atendidas, no necesariamente carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía. Las cifras del PAN hablan de carpetas. Y la extorsión es uno de los delitos con más cifra negra, porque muchas víctimas pagan y no denuncian. Más denuncias pueden significar más delito, pero también más confianza para denunciar. Sin separar esas capas, cualquier porcentaje sirve para defender cualquier postura.

El propio balance oficial muestra el riesgo de no tener una sola serie. En su documento previo a la comparecencia, según Excélsior, la Secretaría habló de un descenso de 24 por ciento en delitos de alto impacto en lo que va de la gestión; en tribuna, según El Heraldo de México, el dato fue de cerca de 19 por ciento desde 2024. Puede tratarse de periodos de corte distintos, pero la diferencia no se explicó en la información publicada hasta ahora.

Lo confirmado y lo que falta por confirmar

Está confirmado, porque lo dijo el secretario ante el pleno y lo recogieron varios medios, que el gobierno reporta 424 detenidos por extorsión entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, tres mil 14 reportes telefónicos atendidos en el último año y una baja de 8.6 por ciento en el delito frente al año previo. También está confirmado que PAN y MC presentaron cifras de aumento y que el PAN señaló una diferencia entre el cuerpo y el anexo del Segundo Informe.

Falta por confirmar la base de cada número. No se conoce, en la información disponible, si la baja de 8.6 por ciento se calcula sobre carpetas de la Fiscalía, sobre reportes a la Secretaría o sobre otra fuente. Tampoco está claro de dónde sale la duplicación anual que citó Movimiento Ciudadano, ni si la diferencia de mil 613 detenidos que señaló el PAN obedece a un error o a criterios distintos de conteo. Son preguntas que la glosa todavía puede contestar, porque el proceso de comparecencias sigue abierto en el Congreso.

Qué debería salir de esta glosa

Metrópoli 360 ya ha señalado en otras comparecencias que la glosa del Segundo Informe deja muchas cifras y pocos resultados medibles, y que contar obras no basta sin medir su impacto. La seguridad es el área donde esa debilidad pesa más, porque los números se usan para justificar presupuesto, plantillas policiales y prioridades. Si cada bancada llega con su propio periodo de comparación, el ciudadano no tiene forma de saber si su colonia está mejor o peor.

La salida no es técnica, es de voluntad. Bastaría con que la Secretaría y la Fiscalía publicaran, mes por mes y por alcaldía, las carpetas de extorsión, los reportes telefónicos y las detenciones, con una nota que explique cómo se cuenta cada cosa. Con esa serie, la discusión sobre si la extorsión subió o bajó se resolvería en minutos y el Congreso podría dedicar la comparecencia a lo que importa: qué funciona, en qué zonas y con qué costo. El intercambio de este jueves, que ya enfrentó a PAN, MC y Morena por la estrategia de seguridad de Brugada, demostró que hoy no existe esa base común.

También hay un tema de percepción que no se resuelve con detenciones. Según El Heraldo de México, el secretario destacó que la evaluación de la efectividad policial llegó a 49.5 por ciento en el primer semestre de 2026, el registro más alto desde que se mide en la encuesta urbana del INEGI. Según Excélsior, la diputada del PT Jannete Guerrero recordó que la confianza en la policía capitalina ronda 47.66 por ciento y que 54.92 por ciento de la población reportó algún acto de corrupción. Ambos datos indican lo mismo: menos de la mitad de los capitalinos confía en su policía, y la extorsión es precisamente el delito que depende de que la víctima confíe lo suficiente para denunciar.

En suma, la comparecencia dejó un gobierno con resultados que presumir en homicidio, robo de vehículo y feminicidio, y una oposición con preguntas legítimas sobre extorsión y violencia sexual. La extorsión en la CDMX es el punto donde las dos narrativas chocan de frente. Mientras no haya una cifra que todos acepten, cada informe será una oportunidad para el aplauso o la descalificación, y no para corregir lo que no está funcionando.