El SAT deja “ciego” al OIC del INE, alega contralor que investiga contratos ligados a Taddei

Por Juan Pablo Ojeda

El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró ante diputados que la falta de acceso a información fiscal y bancaria limita la capacidad de su oficina para detectar a tiempo posibles actos de corrupción, en un contexto en el que su área investiga presuntas irregularidades vinculadas con proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, informó El Universal.

De acuerdo con el diario, durante su comparecencia del 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia de San Lázaro, el contralor afirmó que el Servicio de Administración Tributaria mantiene “ciego” al OIC, al negarle datos de los altos funcionarios del instituto con el argumento de que esa facultad corresponde a la Secretaría de la Función Pública.

Carvente calificó esa limitación como “un obstáculo legal” para combatir la opacidad y pidió a los legisladores reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin convenios de intercambio de datos como los que tiene la Auditoría Superior de la Federación, sostuvo, la Contraloría queda “institucionalmente incapacitada” para detectar triangulación de recursos y conflictos de interés.

Aun con esas restricciones, el funcionario reveló hallazgos relevantes. Según la nota, informó que se detectaron depósitos bancarios a servidores públicos provenientes de proveedores del INE y casos de personal que no declaró su participación como accionista de empresas.

También mencionó omisiones en el registro de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales. El Universal señala que estos elementos coinciden con las líneas de investigación de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El periódico subraya que la indagatoria interna comenzó hace más de seis meses y que no se ha presentado ninguna denuncia. Tampoco hubo preguntas de los diputados sobre esos datos durante la reunión, que se prolongó más de dos horas.

En el resto de su informe, el contralor habló de austeridad y finanzas sanas. Reportó la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso, un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos de fin de año y la sanción, en el primer semestre de 2026, de seis servidores públicos con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años.

El tema adquirió mayor relevancia luego de que El Universal difundiera una revisión de la ASF según la cual 57 personas físicas habrían recibido contratos del INE mientras eran funcionarias activas del instituto.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, confirmó este lunes que el OIC lleva investigaciones desde hace seis meses por diversas irregularidades y conflictos de interés, y explicó que siguen abiertas por respeto al debido proceso, con plazos para pruebas y alegatos antes de la resolución.

Desde la oposición, el coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que su grupo parlamentario buscaría citar a comparecer al contralor para conocer cómo se llegó a esta situación sin una advertencia formal del órgano de control.

La petición del contralor abre una discusión sobre los alcances de los órganos de control autónomos frente a las autoridades hacendarias, pues el cruce de información fiscal es una de las herramientas más usadas para identificar enriquecimiento no justificado.

Según lo planteado ante los legisladores, sin esa información el OIC depende de lo que los propios servidores públicos reportan en sus declaraciones y de lo que logra detectar en auditorías internas.

Hasta ahora, no se ha informado si la Cámara de Diputados dará trámite a la reforma solicitada por el titular del OIC.

Mientras tanto, la discusión sobre las facultades del órgano de control se mezcla con la exigencia de resultados concretos en las investigaciones ya abiertas.

Las conductas mencionadas forman parte de procesos de investigación aún abiertos y no implican, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.