Tribunales frenan opacidad financiera en Tecámac y ordenan rendición de cuentas

La estructura de supervisión de fondos públicos en el municipio de Tecámac quedó bajo escrutinio legal tras la emisión de dos sentencias electorales consecutivas que ordenan a la alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero y a la tesorera Jaqueline Cruz Díaz transparentar el uso del erario y cesar el bloqueo institucional contra la sindicatura municipal. Los fallos judiciales evidencian prácticas administrativas dirigidas a frenar la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y la reorganización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el expediente JDCL/143/2026 del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), resuelto el 13 de agosto, el gobierno municipal retuvo de forma deliberada reportes financieros indispensables para la vigilancia de los recursos locales. La autoridad electoral concluyó que la Tesorería entregó información insuficiente sobre el ejercicio fiscal previo y los estados financieros trimestrales, lo que impidió la labor de contraloría interna a la que está obligado el síndico Agustín Delgado Ochoa.

El fallo del tribunal expone que la presidencia municipal omitió responder solicitudes formales vinculadas a los cambios administrativos en la Guardia Civil y en el Órgano Interno de Control. La falta de acceso a estos expedientes impidió corroborar la asignación de plazas, partidas de equipamiento y los mecanismos de vigilancia interna dentro del cuerpo de seguridad local.

A este esquema de opacidad informativa se sumó la remoción de recursos humanos en la oficina del síndico. La Sala Regional Toluca del TEPJF confirmó el 30 de julio que el retiro unilateral del personal adscrito a dicha área constituyó un acto administrativo indebido destinado a obstaculizar las tareas de representación jurídica y revisión del gasto público conferidas por elección popular.

Ambas resoluciones judiciales establecen un precedente sobre los límites del poder ejecutivo municipal frente a los órganos de vigilancia del propio cabildo. Las instancias jurisdiccionales determinaron que la privación de personal técnico y la negativa de entrega de documentación hacendaria constituyen una vulneración directa al ejercicio efectivo del cargo público.

La sentencia del TEEM impone medidas correctivas inmediatas: la presidenta municipal deberá contestar de manera fundada y motivada en un plazo de tres días hábiles sobre el estado de la policía municipal y el órgano de control, mientras que la tesorera dispone de diez días para remitir la totalidad de las auditorías e informes de la Cuenta Pública.

El desacato o dilación en el cumplimiento de estas resoluciones abriría la puerta a procedimientos sancionatorios de mayor escala en el ámbito electoral y administrativo, colocando bajo observación federal el manejo de los recursos públicos y los mecanismos de transparencia dentro del Ayuntamiento de Tecámac.