Marchan por el agua en CDMX; denuncian contaminación y exigen justicia en Guadalajara

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026. — Bajo la consigna “El agua no es un privilegio”, manifestantes recorrieron Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino el domingo 18 de octubre para exigir acceso universal al agua limpia, rechazar su privatización y denunciar presuntas afectaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas en Guadalajara. La movilización puso en el centro del debate la gestión del recurso hídrico y la responsabilidad de las autoridades para garantizar su disponibilidad y calidad.

La marcha fue convocada por el colectivo Shampoo Club y partió del Ángel de la Independencia con dirección al primer cuadro de la capital. La protesta se desarrolló en solidaridad con las movilizaciones de Jalisco, donde habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara han denunciado problemas relacionados con la calidad del agua potable y exigido respuestas institucionales ante los riesgos para la salud pública.

Entre las principales demandas de los participantes estuvieron garantizar el acceso al agua limpia y de calidad, impedir la privatización y el desvío del recurso, proteger ríos y combatir la contaminación. Los manifestantes también exigieron justicia para las personas detenidas durante la primera movilización de Guadalajara, realizada el 11 de octubre.

La protesta capitalina incorporó, además, una exigencia política dirigida al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al plantear su salida o revocación del mandato por la presunta represión registrada durante aquella jornada. Estas demandas reflejan el descontento de los participantes tanto con la gestión del agua como con la actuación de las autoridades frente a la protesta social.

En Guadalajara, la segunda Marcha por el Agua reunió a miles de personas, de acuerdo con los reportes de la movilización. La concentración comenzó a las 11:00 horas en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y avanzó por avenida Juárez hasta Palacio de Gobierno. Durante el recorrido, los asistentes denunciaron deficiencias en la calidad del agua potable y solicitaron una alerta sanitaria para atender la situación.

La jornada en la capital jalisciense también estuvo marcada por reportes de disturbios frente a Palacio de Gobierno y detonaciones de petardos. Estos hechos se sumaron a las denuncias sobre la actuación policial durante la movilización anterior y aumentaron las exigencias de esclarecer las detenciones y garantizar condiciones para el ejercicio del derecho a la manifestación.

Aunque la protesta en la Ciudad de México surgió en solidaridad con Guadalajara, sus organizadores buscaron ampliar la discusión a la crisis hídrica nacional. La consigna “El agua no es un privilegio” sintetizó el reclamo de que el acceso al recurso no dependa de la capacidad económica de las personas y de que las decisiones sobre su distribución prioricen el interés público, la salud y la protección ambiental.

El debate sobre la gestión del agua también plantea interrogantes sobre la transparencia en las concesiones, la distribución del recurso entre sectores y la capacidad de las autoridades para prevenir la contaminación. Sin embargo, las denuncias de los manifestantes deben contrastarse con información técnica, sanitaria y administrativa para determinar las causas de los problemas señalados y las responsabilidades correspondientes.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha llamado a las autoridades a garantizar la libertad de expresión, evitar el uso innecesario de la fuerza y proteger los derechos de las personas que participan en manifestaciones. Estos principios obligan a las instituciones a privilegiar el diálogo y asegurar que cualquier intervención de seguridad se apegue a los estándares de derechos humanos.

Los organizadores de la marcha en la Ciudad de México anunciaron que mantendrán sus movilizaciones hasta obtener respuestas a sus demandas. Por ahora, el alcance de sus exigencias dependerá de la respuesta de las autoridades y de la presentación de medidas verificables para atender los problemas de acceso, calidad, distribución y conservación del agua.

La movilización del 18 de octubre evidenció que la gestión del agua no es únicamente un asunto de infraestructura, sino también de salud pública, derechos humanos y rendición de cuentas. Para atender el conflicto, las autoridades deberán ofrecer información comprobable sobre la calidad del recurso, transparentar las decisiones relacionadas con su administración e investigar las denuncias sobre posibles abusos durante las protestas.