Decálogo de ética en la CDMX: la prueba estará en las sanciones

Por JP Ojeda

El decálogo de ética que el gabinete de Clara Brugada firmó este lunes 5 de octubre, justo en el segundo aniversario de su gobierno, no se medirá por lo bien escrito que está, sino por una sola instrucción que la jefa de Gobierno dejó casi al final de la conferencia: que la Secretaría de la Contraloría General informe de manera periódica sobre las personas servidoras públicas sancionadas en la Ciudad de México. Esa es la tesis de este análisis. Los principios ya existían en la ley; lo nuevo es la promesa de mostrar, con datos y cifras, si se cumplen.

El documento se llama formalmente Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción. Lo presentó Brugada en conferencia de prensa un día después de la asamblea informativa en la que rindió cuentas de su segundo año, y lo firmaron, uno por uno, las y los integrantes del gabinete, desde la secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez Hernández, y el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, hasta los titulares de Seguridad Ciudadana, Finanzas, Agua, Movilidad y Vivienda. Al cierre, la mandataria pidió que todo el personal de confianza del Gobierno de la Ciudad haga lo mismo.

Qué dice el decálogo de ética de la CDMX

El texto arranca con el derecho a la buena administración pública que reconoce el artículo 7 de la Constitución capitalina: toda persona tiene derecho a un gobierno que actúe con legalidad, integridad, eficacia y diligencia. De ahí se desprenden compromisos como que el presupuesto es sagrado y que ni un peso público debe ir a intereses privados; cero corrupción y cero impunidad; el poder para servir y no para servirse; cero lujos y privilegios; transparencia total; menos burocracia y más soluciones; buen trato sin prepotencia ni discriminación; gobernar desde el territorio poniendo primero a quien menos tiene, y la idea de que el servicio público es para transformar, no solo para administrar.

Hay frases con más filo que otras. Brugada enumeró como prácticas que no se tolerarán los sobornos, los moches, el influyentismo, los conflictos de interés, el nepotismo y el patrimonialismo, y sostuvo que quien traicione la confianza pública deberá asumir las consecuencias. También afirmó que la privatización de bienes o espacios públicos será considerada una forma de corrupción, una definición que en una ciudad donde banquetas, camellones y plazas se disputan todos los días podría tener lectura muy concreta, si se traduce en criterios de actuación.

Lo confirmado y lo que falta precisar

Lo confirmado es el contenido del decálogo, la firma del gabinete y las dos instrucciones a la Contraloría: recabar la firma del personal de confianza e informar periódicamente sobre sancionados. Lo que falta precisar es casi todo lo demás. En lo dicho durante la conferencia no se detalló cada cuánto se publicará ese informe, con qué nivel de detalle, si distinguirá entre faltas graves y no graves, ni qué pasará con quien no firme el código. Tampoco se mencionó a las alcaldías, que tienen su propia estructura y sus propios órganos internos de control.

Esa distinción importa porque un código de ética, por sí mismo, no crea delitos ni sanciones: las responsabilidades administrativas ya están reguladas por la ley y las investiga la propia Contraloría a través de sus órganos internos. El valor del decálogo está en otra parte. Funciona como una vara pública con la que la ciudadanía, el Congreso local y la prensa pueden medir al gobierno que lo firmó. Y una vara solo sirve si alguien publica las mediciones.

La línea base: 390 sanciones en un año

Para saber si el informe periódico cambia algo, hace falta un punto de partida, y ese punto ya existe. En noviembre de 2025, al comparecer ante comisiones del Congreso capitalino por la glosa del primer informe, Nashieli Ramírez reportó que en el último año la dependencia había impuesto 390 sanciones a 364 servidores públicos, de acuerdo con la cobertura de El Universal. El desglose fue de 248 amonestaciones, 91 suspensiones, 30 inhabilitaciones, tres destituciones y 18 sanciones económicas, por un monto por aclarar de 20 millones 101 mil 511 pesos.

La cifra dice más por su composición que por su tamaño. Casi dos de cada tres sanciones fueron amonestaciones, y las destituciones se cuentan con los dedos de una mano. En aquella comparecencia, la propia contralora defendió ese enfoque: dijo que debe prevalecer la prevención, que muchas faltas son de procedimiento y no de mala fe, y que la amonestación se seguirá privilegiando como herramienta pedagógica. Es una postura legítima, pero choca con el tono de cero impunidad del decálogo. El informe periódico será el lugar donde se vea cuál de las dos lógicas pesa más.

La Contraloría ya cuenta con un Registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados que puede consultarse en su portal, y en mayo de este año impulsó una campaña para que el personal presentara a tiempo su declaración patrimonial y de intereses, con más de mil personas capacitadas para orientar el trámite. Es decir, la infraestructura de transparencia está montada. Lo que el decálogo agrega es un compromiso político de usarla de forma proactiva, sin esperar a que alguien la busque.

El calendario que pondrá a prueba el compromiso

La primera oportunidad de verificación ya tiene fecha. Brugada acudirá al Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre para dar su mensaje por el segundo informe, y el calendario de la glosa aprobado por el pleno coloca a la secretaria de la Contraloría General en comisiones el 11 de noviembre, junto con los titulares de Atención y Participación Ciudadana y de Medio Ambiente. Antes, el 27 de octubre, comparecerá en el pleno el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, responsable del dinero que el decálogo llama sagrado.

Para quien vive la ciudad, la pregunta útil no es si los funcionarios firmaron, sino si cambia el trato en la ventanilla, si se acortan los trámites y si los casos de moches o de apropiación del espacio público terminan en una resolución que se pueda consultar. Metrópoli 360 ya había planteado en su análisis del segundo informe de Clara Brugada que la mitad restante del sexenio será la etapa en que las promesas se vuelven comprobables, y el anuncio de tres universidades y cinco preparatorias se sumará a la lista de compromisos con seguimiento. En el Legislativo, la discusión sobre transparencia y productividad en el Congreso CDMX muestra que la exigencia de rendir cuentas no es exclusiva del Ejecutivo.

Qué sigue para la ciudad

En las próximas semanas habrá tres señales verificables. La primera, que la Contraloría informe cuántas personas de confianza firmaron el código y en qué plazo. La segunda, que se publique el primer reporte periódico de sancionados con una fecha y un formato claros, que permitan compararlo con las 390 sanciones de 2025. La tercera, que en la comparecencia del 11 de noviembre las y los diputados pregunten por esos datos y obtengan respuestas concretas.

La conclusión es directa: el decálogo de ética de la CDMX puede quedarse como una ceremonia de aniversario o convertirse en el primer compromiso de este gobierno con una métrica pública y periódica de su propia honestidad. La diferencia no dependerá de la firma de este lunes, sino de que dentro de unos meses cualquier persona pueda abrir un informe oficial y saber cuántos servidores públicos fueron sancionados, por qué y con qué consecuencia.