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Del chofer a la UIF: cronología del escándalo que llevó a Taddei a dejar el INE

Redacción Metrópoli 360
Imagen ilustrativa generada con IA

Por Juan Pablo Ojeda

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral fue el desenlace de semanas de revelaciones sobre su relación con un proveedor del instituto. Una entrevista publicada el 27 de octubre en el canal La Saga, de Adela Micha, añadió nuevos señalamientos. Para ordenar la historia, reconstruimos la cronología con los hechos verificados y separamos lo que todavía son dichos sin comprobar.

Los antecedentes se remontan a Sonora. Taddei presidió el Instituto Estatal Electoral de ese estado y en 2021, durante su gestión, se otorgó un contrato por 46.9 millones de pesos a Cajas Graf, empresa ligada a José Alfredo Hernández Casillas. A nivel federal, los contratos documentados de ese grupo con el INE empiezan en 2018; La Jornada contabiliza 49 contratos por 1,450 millones de pesos hasta 2025.

En 2023, Jonathan Navarrete Torres recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, otra empresa del grupo. Es decir, se convirtió en apoderado de la compañía, no en socio. En abril de 2025 empezó a trabajar como chofer oficial de Taddei, ya como presidenta del INE. Ese vínculo fue revelado el 19 de octubre de 2026.

El 20 de octubre, Latinus difundió un video en el que Taddei aparece con Hernández Casillas en una «noche mexicana». Después circularon otras grabaciones, incluido un viaje a París en el que también aparece el hijo de la consejera presidenta.

El 24 de octubre, Reforma informó que la Auditoría Superior de la Federación encontró contratos simulados y triangulación por 514 millones de pesos. Al día siguiente, el 25, Taddei anunció su renuncia, que entregó a la Cámara de Diputados el 26. Ese mismo día, La Razón reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas y calculó contratos por cerca de 1,767 millones de pesos al sumar los organismos locales.

También el 26 de octubre, Yohali Reséndiz publicó en Opinión 51 la columna «Picacho 259: el epicentro…». Un día después, en la entrevista con Adela Micha, relató seis encuentros con un informante encapuchado que, según ella, señala esa casa de Jardines del Pedregal como centro de operaciones del proveedor.

Según el testigo, en ese inmueble se habrían hecho entregas de efectivo a consejeros y se habría celebrado la fiesta del video. El informante también sostiene que la casa vale más de 24 millones de pesos y que Litho Formas operaba como facturera. Ninguno de estos puntos ha sido corroborado por autoridades ni por documentos públicos.

El título del video asegura que el exchofer «filtró todo». Pero la propia periodista presentó como «su lectura» la hipótesis de que Navarrete entregó los videos por encargo de un proveedor rival. Tampoco hay sustento documental para la afirmación, atribuida al testigo, de que el hijo de Taddei formó parte de las empresas.

En la conversación hubo además imprecisiones: se ubicó el inicio de los negocios del proveedor con el instituto en 2003, en tiempos de Leonardo Valdés, cuando Valdés presidió el IFE entre 2008 y 2013. Y se habló de un «INE Sonora», cuando el organismo correcto es el IEE Sonora.

La secuencia de fechas muestra que la renuncia llegó después de una acumulación de hallazgos: primero el vínculo del chofer con una empresa proveedora, luego los videos, después el reporte de la auditoría. Cada pieza fue documentada por medios distintos, lo que da solidez al fondo del caso.

Lo que cambió con la entrevista del 27 de octubre es el tipo de fuente. Hasta entonces, el caso se apoyaba en contratos, poderes notariales, auditorías y grabaciones; a partir de ese día, una parte del relato descansa en un testigo cuya identidad no se conoce y cuyas afirmaciones no han sido contrastadas públicamente.

La cronología confirma un patrón grave y documentado de contratos bajo investigación. Lo que falta por saber es si las nuevas acusaciones del testigo anónimo podrán acreditarse. Las indagatorias de la UIF y la ASF serán determinantes para ello.

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