Auditorías que llegan tarde: el hueco que Juanita Guerra quiere cerrar en los municipios
Por Bruno Cortés
Una auditoría municipal casi nunca ocurre en tiempo real. Se revisa lo que ya se gastó, cuando el ejercicio fiscal ya cerró, y los resultados tardan en llegar. Ese desfase es el que la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, quiere convertir en un candado para la reelección. La legisladora por Morelos presentó una iniciativa para prohibir que se elijan como alcaldes o presidentes municipales quienes, durante el periodo que ejercieron, no hubiesen solventado observaciones derivadas de auditorías, según el boletín 708-2026 del grupo parlamentario del PVEM en el Senado, difundido este domingo 25 de octubre.
La propuesta reformaría el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución, el apartado que establece la elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos.
El desfase, explicado
La senadora describió lo que considera un grave problema estructural de los gobiernos locales: las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos. Así, cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo.
En un ayuntamiento con periodos de tres años, ese desfase pesa. Una administración puede llegar al final de su mandato, o incluso pedir el voto para un segundo periodo, sin que se hayan aclarado todavía los señalamientos sobre los primeros años de su gestión. La iniciativa busca que esa aclaración sea un requisito previo para volver a competir por el cargo.
Lo que se hereda
Según Guerra Mena, este tipo de situaciones provocan que las observaciones se hereden a las administraciones siguientes. Y eso, advirtió, no permite solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos.
La senadora agregó que en algunos casos no solamente no se rinden cuentas, sino que hay vínculos con la delincuencia organizada. Puso como ejemplo el caso de Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, Morelos, que de acuerdo con la legisladora hoy está vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas y no solventó la cuenta pública de 2020 ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontró, entre otras irregularidades, un faltante de 10 millones de pesos; aun así, dijo, se inscribió para volver a pretender gobernar el municipio. La vinculación a proceso no es una condena y rige la presunción de inocencia.
¿Y en el Valle de México?
La iniciativa se refiere a los municipios, que se rigen por el artículo 115 constitucional. Eso incluye a los ayuntamientos del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana, donde la recolección de basura, el alumbrado o el suministro de agua dependen en buena medida de la gestión municipal.
En la Ciudad de México el caso es distinto: las 16 alcaldías tienen un régimen constitucional propio, previsto en el artículo 122, por lo que la reforma, tal como está planteada, no las alcanzaría de forma directa. Aun así, el debate sobre reelección y rendición de cuentas también está presente en la capital, donde ya se perfilan posibles reelecciones en la CDMX rumbo a 2027. Y la evaluación ciudadana de los gobiernos locales se refleja en indicadores como la percepción de inseguridad en las alcaldías y el Valle de México.
Qué cambiaría
Hoy la Constitución ordena que los estados permitan la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre que el mandato no supere los tres años. Con la reforma, no podría elegirse para el cargo de alcalde a quien no haya solventado las observaciones de auditoría de su periodo.
La senadora afirmó que la aprobación de la reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad y, sobre todo, permitiría identificar a aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
El reto práctico
Si la propuesta prospera, uno de los puntos a discutir será precisamente el de los tiempos: cuáles observaciones contarían, en qué momento deberían estar solventadas y qué órgano lo certificaría. Esos detalles, de ordinario, se definen en las leyes secundarias y en las constituciones de los estados.
Por ahora, la iniciativa deberá ser analizada en comisiones del Senado. Al ser una reforma constitucional, necesita el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, incluida la del Estado de México.
