Presupuesto 2027: el reto de convertir el gasto público en crecimiento medible

El proyecto económico para 2027 coloca al gasto público ante una prueba que va más allá de sumar pesos y restar partidas: demostrar que cada decisión presupuestaria puede traducirse en crecimiento, bienestar y servicios que la población perciba.

La discusión parte de una tensión conocida. El Gobierno debe sostener programas sociales, concluir infraestructura estratégica y atender obligaciones financieras, pero dispone de un espacio fiscal limitado. Cuando una parte creciente del presupuesto se compromete en pagos ineludibles, cada peso destinado a inversión exige una justificación más precisa.

La primera pregunta no es cuánto se gasta, sino qué resultado se compra con ese gasto. Una carretera, un tren, una escuela o una red de agua deben evaluarse por su uso, cobertura, mantenimiento y efecto sobre la productividad local, no sólo por el monto ejercido durante la construcción.

El reto aumenta cuando las obras insignia entran en su fase de operación. El gasto puede bajar al terminar la obra, pero aparecen costos permanentes de mantenimiento, personal, seguridad y conectividad. Si esos compromisos no se transparentan, el ahorro aparente puede convertirse en una presión futura.

La deuda introduce otra capa de complejidad. El costo financiero no construye hospitales ni eleva la capacidad productiva, pero debe pagarse puntualmente. Por eso, un presupuesto responsable necesita distinguir entre endeudamiento que financia activos útiles y deuda que sólo refinancia obligaciones anteriores.

Para que la inversión pública genere crecimiento real, debe coordinarse con empresas, gobiernos locales y comunidades. El capital privado puede ampliar proyectos, pero la asociación sólo funciona si hay reglas claras, estudios de demanda, vigilancia de contratos y mecanismos que eviten trasladar pérdidas al erario.

También importa la calidad del ingreso. Una recaudación más amplia y menos dependiente de fuentes volátiles permite planear mejor. Sin embargo, aumentar ingresos sin revisar evasión, simplificación y capacidad de pago puede frenar a pequeñas empresas y hogares, reduciendo precisamente la actividad que se busca estimular.

El seguimiento ciudadano debería concentrarse en indicadores verificables: avance físico, costo total, beneficiarios, empleos permanentes, tiempos de entrega y mantenimiento. Publicar esas métricas con periodicidad permitiría saber si el presupuesto está generando valor o sólo cumpliendo metas administrativas.

La oportunidad de 2027 está en convertir la restricción fiscal en una disciplina de prioridades. Si el gasto se dirige a infraestructura útil, educación, salud, seguridad y productividad regional, puede sostener la demanda sin hipotecar el futuro. Si se dispersa en proyectos sin evaluación, el presupuesto perderá capacidad de responder cuando llegue el siguiente ciclo de presión.