CIA en Chihuahua: exfiscal enfrenta hasta 40 años por traición

Dos agentes de la CIA no fueron de mirones. Viajaron con armas largas, pasamontañas y tabletas con coordenadas dentro de la célula táctica de la Fiscalía de Chihuahua que en abril desmanteló un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos. Así lo asientan las entrevistas ministeriales y los peritajes de la causa penal 408/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con la que un juez libró orden de aprehensión por traición a la patria contra el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno y el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo. La sorpresa no está en el laboratorio: está en quién iba sentado en el convoy.

El expediente les pone nombre y apellido: Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. El agente estatal Ricardo Faustino Campos Ocón declaró bajo juramento que los acompañantes del jefe de la Agencia Estatal de Investigación hablaban inglés y que salieron integrados al convoy desde la cochera de la fiscalía, en Chihuahua capital. Nada de que pidieron aventón en la sierra, como sostuvo al principio la versión oficial del estado. Y eso apenas fue el arranque.

Martín Abad Leal Tapia, del Grupo de Operaciones Tácticas, completó el retrato. Los estadounidenses participaron en las caminatas tácticas, cargaban rifles, se cubrían el rostro y coordinaban directamente con el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes. Dos de ellos acampaban aparte, siempre encapuchados, sin cruzar palabra, y al resto de la tropa no se le permitía acercarse. El coche en que llegaron a la capital cuenta otra parte de la historia.

Un Volkswagen Jetta plateado, rentado por Johnston III, entró al Complejo Estatal de Seguridad Pública el 16 de abril a las 9:54 de la mañana y no se movió hasta las 21:40 del 19 de abril. Fueron 83 horas y 46 minutos estacionado en el patio oficial de la fiscalía, como coche en pensión con boleto pagado por adelantado, mientras sus dueños andaban en la sierra. Las cámaras de la entrada trasera captaron ese mismo día, a las 11:13:51, a dos hombres con mochila al hombro rumbo a la salida; a las 11:15:09 pasó un tercero, alto y de tez blanca. Lo que ocurrió en la madrugada del 19 terminó de voltear la tortilla.

De regreso, la pick-up Ford F-150 del director de la AEI volcó y explotó: llevaba bidones con gasolina extra. Murieron Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y los dos agentes estadounidenses. Hacia las dos de la mañana, unos veinte minutos después de que el convoy llegó al sitio, un escolta del director ordenó a todos, “de parte del jefe Zuany”, no tomar fotos ni soltar información. El silencio, sin embargo, duró poco.

La primera versión de la fiscalía estatal presentó a los fallecidos como personal de la Embajada de Estados Unidos dedicado a labores de adiestramiento, ajeno al operativo. Es como jurar que los primos llegaron a la boda nomás a dejar el regalo y luego aparecer en la foto del vals. Jáuregui renunció el 27 de abril tras reconocer omisiones; Zuany dejó el cargo el 13 de mayo. Para entonces, la Federación ya había metido las manos.

Un dictamen de criminalística de la Policía Federal Ministerial, fechado el 11 de septiembre, concluye que el despliegue no tenía carpeta de investigación ni diligencia alguna que lo respaldara. El Centro Nacional de Inteligencia encuadró los hechos en abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. La Defensa se deslindó por oficio: su papel se limitó a la seguridad periférica que pidió la fiscalía estatal en la Mesa de Seguridad. El gabinete federal ya había precisado que uno de los agentes entró al país como visitante, sin permiso para trabajar, y el otro con pasaporte diplomático. La pregunta dejó de ser qué pasó y se volvió quién respondería.

Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre, alrededor de las 10:20, en la capital del estado, por una causa estatal de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. El domingo por la noche, un juez local le permitió llevar ese proceso en libertad, con firma mensual. Salió por una puerta y en la otra lo esperaba la Fiscalía General de la República: horas después fue reaprehendido y trasladado para enfrentar el cargo federal, con audiencia inicial prevista para este martes. Ahí se juega lo más pesado.

El delito de traición a la patria contempla de cinco a 40 años de prisión en el Código Penal Federal. La FGR sostiene que el exfiscal permitió que extranjeros intervinieran sin autorización en territorio nacional, en tareas reservadas a fuerzas federales, y que ocultó información que estaba obligado a reportar. El caso suma más de 100 actos de investigación y cerca de 50 elementos citados a declarar. ¿Quién firma el permiso para que un extranjero armado camine la sierra de tu país?

La gobernadora Maru Campos ha sostenido que desconocía la presencia de los estadounidenses y que los responsables actuaron “por la libre”. Sobre Zuany no se había reportado captura al cierre del domingo. Lo que sigue: la audiencia del martes definirá si Jáuregui es vinculado a proceso por la vía federal, y el expediente apunta a una regla que no admite atajos: cualquier colaboración con agentes extranjeros en materia de seguridad pasa por la Federación, no por un acuerdo de oficina estatal.

Cuatro muertos, un narcolaboratorio y un Jetta que pasó casi cuatro días quieto en un patio oficial. La pieza que falta en el rompecabezas es una firma. Pregunta para la sobremesa: si un convoy del gobierno pudo llevar durante tres días a dos agentes extranjeros con rifle al hombro sin que nadie lo reportara, ¿cuántos más viajan ahorita en la caja de alguna camioneta sin que lo sepamos?