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Más de 2 mil mdp y siete empresas: el mapa de contratos alrededor de Taddei

Redacción Metrópoli 360
Documentos con gráficas sobre escritorio y mano con pluma, sin rostros
Imagen ilustrativa de Pexels (id 590022)

Por Juan Pablo Ojeda El mapa de dinero es lo primero que salta en la cobertura del 6 de noviembre de 2026. Se habla de unos 2 mil millones de pesos asociados a la trayectoria de la red ligada a Guadalupe Taddei y a los Hernández Casillas. Alfonso Durazo elevó la cifra a más de 2 mil millones entre 2014 y 2023, más 646 millones en 2024 y 2025. Un reportaje del 26 de octubre documentó con auditorías más de mil millones en Organismos Públicos Locales Electorales de al menos 13 entidades para siete empresas del grupo.

Esas empresas incluyen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, ligada a Patricia Velázquez Sánchez. El relato describe intermediación en impresión de material electoral, comisiones a funcionarios de mediano rango y simulación de competencia tras 2015. Para 2021 se citaron más de mil millones; para la elección judicial de 2025, cerca de 200 millones bajo influencia del llamado “clan Taddei”.

El origen se sitúa en Sonora, 2014, con Taddei en la presidencia del Instituto Estatal Electoral. Fuentes anónimas dijeron que ella “quiso tomar las riendas” de un negocio de coyotaje que ya existía y que luego el vínculo pasó al INE en 2023. Son indicios periodísticos atribuidos a fuentes no identificadas, no fallos judiciales.

Jesús Octavio García González aparece como pieza de mediano rango entre el OPLE de Veracruz y la Dirección Ejecutiva de Administración del INE; la versión de que presentó a José Alfredo con Taddei en 2015 no se pudo comprobar, aclara el propio medio. Se señala el crecimiento de adjudicaciones directas frente a las licitaciones de la etapa de Lorenzo Córdova y denuncias de imprentas, con cartas a Palacio Nacional.

El mapa político lo completa Durazo: el 4 de agosto de 2025 designó secretario particular a Luis Rogelio Piñeda Taddei; impulsó a Jorge Luis Taddei Bringas en Bienestar, a Celeste Taddei en Morena y a Pablo Taddei Arriola en LitioMx; el 29 de octubre dijo ser “autor intelectual involuntario” si existe un clan. Niega haber metido a Guadalupe al INE por insaculación.

Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia ubican sueldos familiares cerca de 12 millones de pesos al año, incluido el de Guadalupe en el instituto. Durazo habla de trayectorias individuales, rechaza el estigma por apellido y pide investigaciones “sin privilegios”, en el mismo arco temporal en que reconoce haber impulsado varios perfiles de la familia.

El valor de trazar el mapa es ver coincidencias temporales sin fundirlas en una sola culpa. Contratos documentados por auditorías, padrinazgos políticos admitidos y tipificación penal son planos distintos. Confundirlos debilita tanto el periodismo como la exigencia de justicia ante la ASF, la UIF y la Fiscalía.

No está confirmado, en la cobertura revisada, que las imprentas del grupo tuvieran contratos directos con el gobierno de Durazo. Esa frontera debe quedar clara mientras las autoridades trabajan sobre montos —incluyendo los más de 2 mil millones y los 646 millones citados por el gobernador— y sobre posibles conflictos de interés.

Hechos al 6 de noviembre de 2026: montos reportados por medios y por Durazo; siete empresas en auditorías de OPLE; origen sonorense 2014; respaldos políticos admitidos por el gobernador a Rogelio, Jorge Luis, Celeste y Pablo; investigaciones abiertas. Pendiente: tipificación y nexo contractual con el Ejecutivo estatal. Publicar el mapa de contratos y de padrinazgos sin confundir planos es la única forma de que la ciudadanía pueda exigir resultados medibles a las autoridades competentes. Publicar el mapa de contratos y de padrinazgos sin confundir planos es la única forma de que la ciudadanía pueda exigir resultados medibles a las autoridades competentes. Publicar el mapa de contratos y de padrinazgos sin confundir planos es la única forma de que la ciudadanía pueda exigir resultados medibles a las autoridades competentes.

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