INE bajo fuego: videos de Latinus y la auditoría que pidió el Consejo General

Por Juan Pablo Ojeda El Instituto Nacional Electoral atraviesa una tormenta de credibilidad que el 5 de noviembre de 2026 sumó un nuevo capítulo mediático. Latinus difundió videos en los que José Alfredo Hernández Casillas habla de presión hacia Guadalupe Taddei Zavala y hacia el propio instituto, material que el empresario habría grabado como garantía o “seguro de vida” con copias fuera del país. El medio habla de amenazas y extorsiones; esa lectura es periodística y no equivale todavía a una condena ni a una resolución ministerial pública.

En el fragmento más duro, el contratista afirma haber dicho a Taddei que tenía declaraciones en Europa, Estados Unidos y Canadá, y lanza la advertencia de llevarse “a ti y a todo tu puto INE” si algo le ocurría. La frase se reprodujo el 5 y el 6 de noviembre en coberturas nacionales y concentró la atención pública sobre el costo político de esa relación con un proveedor de materiales y servicios electorales.

Un diálogo de febrero de 2026 añade otra capa: reclamos por decisiones y una mención a Gobernación que, según Hernández Casillas, debía permanecer en silencio: “Habíamos quedado que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación. Nadie sabe nada”. No se detalla el asunto. También habla de 62 plazas ligadas a Iliana Araceli Hernández Gómez —entonces en capacitación electoral y después titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE— y de dos bajas en diciembre, más el dicho del masajista, sin corroboración independiente en la cobertura revisada.

El perfil empresarial del contratista —exapoderado de Cajas Graf, junto a Raymundo Francisco y firmas como Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México— ya estaba bajo la lupa por contratos con el INE y con Organismos Públicos Locales Electorales. El 4 de noviembre la UIF reportó bloqueos a 25 personas físicas y 15 morales y una denuncia ante la Fiscalía General de la República, sin dar nombres de esa lista.

Desde el 20 de octubre la serie de revelaciones mostró cercanía social, un viaje a París con un hijo de Taddei y una conversación del 16 de febrero sobre porcentajes y montos ligados a la credencial para votar. Taddei anunció el 25 de octubre que presentaría su renuncia ante Diputados y dejó la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026.

El mismo 5 de noviembre, el Consejo General del INE acordó pedir a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la última década, preservar documentación y abrir vías para denuncias. Carla Humphrey pidió que “no quede nada sin revisar”. Sheinbaum, el 3 de noviembre, había insistido en que corresponde a la ASF auditar y que “se tiene que investigar”.

Falta, al 6 de noviembre, una respuesta puntual de Taddei a este material y un comunicado del INE centrado solo en esas grabaciones. Lo verificable es el marco de investigación de la UIF, la denuncia ante la Fiscalía y la auditoría extraordinaria solicitada por el propio Consejo General del instituto tras semanas de presión mediática.

Para el instituto, el riesgo no es solo reputacional: es operativo. Debe sostener la organización electoral mientras demuestra que puede transparentar contrataciones y cortar cualquier red de proveedores bajo sospecha, sin sustituir indicios periodísticos por conclusiones judiciales apresuradas ni diluir responsabilidades individuales cuando existan pruebas documentales.

Hechos claros al 6 de noviembre de 2026: videos de Latinus con frases de presión atribuidas a Hernández Casillas; historial de cercanía y contratos documentado desde octubre; UIF en movimiento con bloqueos y denuncia; ASF requerida por el Consejo General. La tipificación penal y las responsabilidades individuales siguen en manos de las autoridades competentes.