Desde la CDMX, Hacienda anuncia bloqueo de cuentas a red de proveedores electorales

Por Juan Pablo Ojeda

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió desde la Ciudad de México el Comunicado No. 94, en el que informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó acciones preventivas sobre personas vinculadas con proveedores electorales. La medida consistió en incorporar a 40 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

El anuncio, que también se publicó en la cuenta oficial de Hacienda en X, detalla que el grupo está integrado por 25 personas físicas y 15 personas morales. La dependencia no reveló sus nombres ni el de las empresas, ni precisó en qué entidades operan.

Cuentas congeladas como prevención

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un efecto directo: los bancos y demás instituciones del sistema financiero deben suspender las operaciones y servicios con las personas señaladas. Para efectos prácticos, sus cuentas quedan inmovilizadas.

Hacienda explicó que llegó a esa determinación después de análisis financieros en los que se encontraron operaciones con elementos de riesgo. No se informó el monto de los recursos involucrados ni el tipo de transacciones que despertaron las alertas.

“No es una determinación definitiva”

En su comunicado, la UIF fue clara al describir la naturaleza del bloqueo: se trata de una medida preventiva, administrativa y precautoria. La unidad subrayó que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.

Asimismo, puntualizó que las personas incorporadas conservan sus mecanismos de defensa y su derecho de audiencia, lo que les permite acudir ante la autoridad para aclarar su situación. La UIF reiteró su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia.

Denuncia en la FGR

El otro componente del anuncio es la denuncia que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR). Con ella, el caso pasa también al terreno ministerial, donde la Fiscalía deberá determinar si hay elementos para investigar la posible comisión de delitos.

La UIF no tiene atribuciones para acusar penalmente; su función es analizar información financiera y, cuando detecta posibles irregularidades, dar vista a las autoridades competentes. Por ello, el bloqueo y la denuncia suelen avanzar de manera simultánea pero independiente.

Un sector con presencia en la capital

Aunque el comunicado no precisa la ubicación de las personas señaladas, la Ciudad de México concentra una parte relevante de la industria que da servicio a la actividad política: agencias de publicidad, productoras audiovisuales, imprentas, empresas de logística para eventos, casas encuestadoras y despachos de comunicación digital.

Para ese ecosistema, la acción de la UIF es un recordatorio de la importancia de mantener en orden la documentación de sus operaciones, de identificar con claridad a sus clientes y de conocer el origen de los pagos que reciben, especialmente durante los periodos de campaña.

Sin vínculo oficial con partidos

Hacienda no relacionó el bloqueo con algún partido político, campaña o elección específica. Tampoco ofreció detalles sobre el periodo en el que se realizaron las operaciones analizadas. Por ello, cualquier asociación con actores políticos concretos carece, por ahora, de sustento oficial.

El papel de la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia de la SHCP encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Para ello recibe y analiza reportes de operaciones que las instituciones financieras y otros sujetos obligados están obligados a presentar, y puede ordenar la inclusión de personas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando identifica riesgos.

La lista es uno de sus instrumentos más visibles y, al mismo tiempo, uno de los más debatidos, precisamente por el impacto inmediato que tiene sobre quienes son incluidos antes de que exista una resolución judicial. De ahí la insistencia del comunicado en el respeto a las garantías.

Lo que viene

Los siguientes pasos dependerán de dos procesos: el administrativo, en el que las personas bloqueadas podrán ejercer su derecho de audiencia ante la UIF, y el penal, en manos de la FGR. Por lo pronto, la autoridad financiera mantiene la reserva sobre los nombres y los detalles de las operaciones.

Metrópoli 360 dará seguimiento a la información conforme las autoridades den a conocer nuevos datos sobre el caso.