Barrales expone casos de niñas unidas a hombres mayores en el Edomex

Por Bruno Cortés

Una niña de 12 años unida a un hombre de 65 en El Oro. Otra de 10 años con un hombre de 32 en Texcoco. Ambos casos, ocurridos en el Estado de México, fueron citados por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno para sostener una iniciativa que busca incorporar en la ley el concepto de “embarazo infantil forzado”, de acuerdo con el boletín 0335 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este domingo 25 de octubre.

La legisladora de Movimiento Ciudadano mencionó que en varios casos se ha detectado que el embarazo se originó en matrimonios de niñas de 10 y 12 años con parejas que les llevaban décadas de edad. Con esa diferencia, advirtió, “de ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”.

Una señal de alerta, no una decisión

Para Barrales, lo que muestran esos casos es que el embarazo infantil debe verse como una señal de alerta de posible violencia sexual, y que el Estado tiene, por lo tanto, la obligación de atenderlo. La senadora advirtió que el embarazo de niñas de esas edades de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia o consentida, porque por su edad y desarrollo están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual.

Además de los casos mexiquenses, recordó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de apenas 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y complicaciones muy graves, y que en Matamoros, Tamaulipas, se atendió a una niña de 11 años con cinco meses de embarazo, producto de violencia sexual.

La dimensión nacional

La senadora respaldó su propuesta con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): en 2025, siete mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el país, lo que equivale a 22 nacimientos diarios en promedio.

Según Barrales, cuando una niña de esa edad se embaraza no existe en México un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan, y esa omisión tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.

Qué plantea la iniciativa

La propuesta adiciona la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Define el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual.

También obliga a las instituciones de salud, educativas y de asistencia social a notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando conozcan un caso, para activar automáticamente la investigación. Y garantiza a las niñas atención integral especializada: servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito, continuidad educativa y protección contra la revictimización, sin que la responsabilidad de iniciar las acciones recaiga en ellas o en sus familias.

Un plazo para los congresos estatales

Un artículo transitorio fija 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado. De aprobarse, eso implicaría que tanto el Congreso mexiquense como el de la Ciudad de México tendrían que legislar en la materia dentro de ese plazo.

En la capital, el tema de la protección de adolescentes frente a adultos ya se ha discutido en el Congreso local, como en la propuesta del Congreso CDMX de cárcel para adultos que establezcan vínculos íntimos con adolescentes. También se han realizado actividades públicas sobre salud sexual y derechos reproductivos, como la jornada sobre salud sexual y autonomía reproductiva en la CDMX.

“La definición del embarazo infantil forzado”, acotó Barrales, “es indispensable, porque, sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”.

Qué sigue

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. Mientras no sea aprobada por ambas cámaras, se trata de una propuesta y no de una obligación vigente.