Marcelo Torres acusa simulación en seguridad y economía

El diputado panista cuestionó cifras oficiales y advirtió deterioro en seguridad, empleo, salud y educación.

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, del PAN, acusó al gobierno federal y a Morena de construir una narrativa pública que, dijo, no corresponde con la situación que viven millones de familias en materia de seguridad, economía, salud y educación.

En entrevista, el legislador sostuvo que el país enfrenta una distancia cada vez más amplia entre el discurso oficial y la realidad que se observa “a ras de banqueta”, en colonias, municipios, hospitales, escuelas y centros de trabajo.

Torres Cofiño afirmó que las expresiones “narcogobierno” y “morenarcos”, utilizadas por sectores de la oposición, responden a lo que considera una relación permisiva del poder con el crimen organizado. El diputado señaló que no se trata sólo de una consigna política, sino de una acusación que, a su juicio, debe revisarse con seriedad institucional.

Uno de los puntos más fuertes de su crítica fue el manejo de las cifras de violencia. El legislador sostuvo que el gobierno federal estaría modificando criterios de clasificación para presentar una reducción en homicidios dolosos, particularmente al mover casos hacia otras categorías estadísticas.

La acusación ocurre en medio de un debate público sobre la forma en que se reportan los homicidios en México. El reporte diario del Gabinete de Seguridad tiene carácter preliminar y la estadística oficial corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que vuelve relevante distinguir entre datos tácticos, carpetas de investigación y clasificación jurídica final.

Torres Cofiño insistió en que, más allá de los tableros oficiales, la gente mide la seguridad por lo que vive en su municipio: extorsiones, cobro de derecho de piso, miedo a abrir un negocio y sensación de abandono frente a grupos criminales. “Ahí no hay otros datos que alcancen”, planteó el legislador.

En materia económica, el diputado cuestionó el discurso de bienestar y felicidad pública. Señaló que no puede hablarse de tranquilidad cuando hay familias que enfrentan pérdida de empleo, ingresos insuficientes y la necesidad de tomar dos o hasta tres trabajos para completar el gasto.

El contexto laboral le da filo a esa crítica. En mayo de 2026, el IMSS reportó una caída mensual de 29 mil 922 puestos de trabajo, aunque la institución atribuyó el comportamiento a factores estacionales del sector agropecuario y a la cancelación de registros irregulares. Aun así, el dato abrió espacio para el debate sobre la fortaleza real del empleo formal.

El legislador también cuestionó que el gobierno presuma bienestar mientras el gasto familiar sigue bajo presión. En mayo de 2026, la inflación anual se ubicó en 3.94 por ciento, por debajo del nivel de un año antes, pero los precios de alimentos, transporte, servicios y vivienda siguen pegando directo en el bolsillo de quienes viven al día.

Torres Cofiño vinculó ese malestar con el descenso de México en el World Happiness Report 2026, donde el país fue ubicado en el lugar 12 del ranking global. Para el diputado, el dato contrasta con la narrativa oficial de un país satisfecho y obliga a mirar la calidad de vida más allá del aplauso político.

El panista extendió su crítica al sistema de salud. Dijo que no puede hablarse de bienestar cuando hay pacientes que enfrentan falta de medicinas, ausencia de tratamientos para enfermedades crónicas, cirugías diferidas y servicios de rehabilitación insuficientes.

En educación, el diputado sostuvo que el país mantiene una deuda con los jóvenes, pues el modelo actual no estaría preparando a los estudiantes para competir en una economía moderna. El señalamiento coincide con diagnósticos internacionales que han ubicado a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias.

Torres Cofiño concluyó que la oposición debe insistir en contrastar la narrativa oficial con datos, testimonios y exigencias de rendición de cuentas. A su juicio, el problema central no es sólo la existencia de crisis específicas, sino la decisión política de negar su tamaño.

El debate, sin embargo, no se agota en la denuncia. Para que los señalamientos avancen más allá del pleito de tribuna, deberán traducirse en solicitudes formales de información, revisión de metodologías, comparecencias y propuestas legislativas que permitan verificar dónde termina el discurso y dónde empieza la responsabilidad institucional.